Nuestro país afronta más de un mes de protestas y marchas, triunfó la ciudadanía y su empoderamiento popular que logró hundir la reforma tributaria, lo mismo sucedió con la reforma a la salud y el ministro Carrasquilla que dejó su cargo después de las múltiples denuncias de conflicto de interés. Las encuestas marcan un apoyo mayoritario a los reclamos del paro nacional y una fuerte condena a la violencia y los bloqueos, esto último utilizado por los enemigos de la manifestación social para deslegitimar el sentir de las mayorías, y bajo esta premisa se ha ordenado el trato de guerra a los ciudadanos, arropados por el discurso del terrorismo urbano y del vandalismo que a veces deja más preguntas que respuestas, actuaciones dudosas de colaboración entre la fuerza pública y civiles armados, o grupos de policías no uniformados que son transportados y dejados en medio de los lugares donde han sucedido hechos bochornosos. Esto hace que hablemos del costo en vidas humanas que es irreparable, de la ruptura social y del estado de derecho, de la falta de confianza en las instituciones y del lado triste que nos ha dejado la mano de hierro contra la insurrección popular.
Los ciudadanos son más conscientes de sus derechos; Mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, hace bien, pero que, cuando puede sacudirse el yugo y consigue liberarse, hace todavía mejor. (Rousseau (1998).Pag.5, cap. 1, El contrato social), sin embargo la respuesta institucional no ha sido la construcción de caminos de entendimiento, olvidando la primer ley de la naturaleza de la que habla Hobbes, donde manifiesta que es primordial buscar la paz social y mantenerla para garantizar la vida y los derechos de todas y todos. Un contrato es una transferencia mutua de derechos con el fin de encontrar la igualdad natural entre los hombres.
Establecer un pacto o convenio requiere confianza mutua, entendimiento, dialogo e interés por una buena convivencia. Locke denominaría una democracia perfecta al empleo de las leyes para el beneficio de la comunidad y ejecutar esas leyes al servicio de las mayorías, pero Duque está lejos de representarla y se acerca más a una oligarquía que desprecia su propio pueblo. Porque todo el poder que el gobierno tiene, al estar dirigido únicamente al bien de la sociedad, no puede ser arbitrario y caprichoso, sino que tiene que ser ejercido según leyes establecidas y promulgadas para que el pueblo sepa cuáles son sus deberes y encuentre seguridad dentro de los límites de la ley. (Locke (1995). Pág. 137, El segundo tratado del gobierno civil).
La ONG Temblores hace un reporte escalofriante, ha denunciado 47 muertos y más de 168 desaparecidos que podrían ser hasta 370, más de 900 detenciones arbitrarias, ataques violentos al CRIC y 39 muertes a manos de la Fuerza pública. Amnistía internacional ha declarado: “Los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de los indígenas son un reflejo de las dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y se han acentuado en el marco del paro.” No solo la violencia estatal se ha desatado en las calles, el fenómeno paramilitar sigue vigente acompañado por las fuerzas de seguridad del estado y legitimado por el gobierno títere del señor de las convivir.
Considero oportuno hacer un llamado urgente a las autoridades para evitar la violencia armada sobre quienes históricamente han sufrido desproporcionalmente el conflicto y la pobreza e invitar al presidente Iván Duque a reconocer de manera pública las violaciones a los derechos humanos por parte de su gobierno, a desmilitarizar las ciudades y establecer un dialogo abierto y sincero con la sociedad civil lejos del manoseo de sus oscuros fines electorales, que pueda crear un ambiente de confianza para establecer el contrato social que nos permita superar la crisis, enfrentar la pandemia y la reactivación económica teniendo en cuenta a los más vulnerables que hoy reclaman mejores condiciones para vivir y que se les tenga en cuenta en las decisiones de poder.
Evitemos a toda costa la confrontación violenta y sin sentido, policías, soldados y manifestantes hacen parte de la clase popular y de los jóvenes que son el futuro, parece develarse una estrategia gubernamental de no negociación hasta desgastar la imagen del paro y mostrarse como salvación a esa hecatombe. Por tanto todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada hombre es enemigo de cada hombre, se derivan en un tiempo en el que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la de su propia fuerza y su habilidad para conseguirla… Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. (Hobbes (1992). Pág. 107-108, cap. 13 El Leviatán). Termino por reflexionar que un escenario de guerra civil solo beneficiaría a los que han vivido políticamente de ella, el pueblo es pacífico y encontrará el camino propio para un pacto que no discrimine a nadie y decidirá sobre sus destinos.
Erick Sánchez Rodríguez
Mayo, 31 del 2021
CONCIENCIA POPULAR: LA VERDADERA ALTERNATIVA 